Esta semana entró en vigor una norma de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor que obliga a los emisores de tarjetas prepagadas a ofrecer las mismas protecciones y servicios básicos que reciben los usuarios de tarjetas de débito bancarias. Una tabla de comisiones sencilla revelará cuánto pagan los clientes de tarjetas prepagadas por usar cajeros automáticos y recargar sus tarjetas; además, estarán protegidos contra el fraude, los cargos no autorizados y los errores. “Ahora hay poca diferencia entre las tarjetas prepagadas y las cuentas de cheques bancarias en lo que respecta a la legislación”, afirma Sue Brown, de Mercator Advisory Group. La regulación llega en un momento en que esta opción de pago está cobrando impulso en Estados Unidos. El volumen de fondos cargados en tarjetas prepagadas de uso general se disparó de $208 mil millones en 2012 a $324 mil millones en 2017 y podría alcanzar los $428 mil millones para 2021, según Mercator.
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